El inesperado (y deseado) auge del Liberalismo en España.

A algunos la palabra liberalismo les produce malestar, a otros nos genera alegría. ¿Y es que acaso alguien imagina un mundo sin libertad? ¿Alguien querría para su país el mismo régimen que en Venezuela, China o Cuba? Aunque en España haya un movimiento bolivariano, que esconde su ideología tras el azote a la corrupción para llegar al poder e instaurarse y así, acabar con la libertad, nadie lo quiere. La última encuesta del CIS esconde un dato muy relevante: en un año las personas que nos declaramos liberales, como primera preferencia, hemos pasado de ser un escaso 3,8% a un 14%. Esto es por la continua amenaza a la libertad que vivimos en el día a día: el Estado nos dice hasta cuando tenemos que parar con el coche, nos limita tanto la vida que necesitamos semáforos impuestos para no desarrollar nuestro intelecto.

Sin libertad no habría ni derechas ni izquierdas, basta con ver la intolerancia mutua de ambas ideologías y es que sin libertad no podrían coexistir las dos. Sin libertad no habría Estado del Bienestar, pues para que podamos tener sanidad pública es imprescindible que exista la privada; lo mismo con la educación, el sistema público no podría sustentar a todos los ciudadanos, por eso es importante la educación privada, fruto de la libertad.

La libertad de elegir, la que tanto miedo da a determinados sectores de la sociedad española. El Estado no es nadie para imponerte a qué médico, enfermero, hospital o colegio ir, el ciudadano es libre para elegir el que más le convenga o guste (por diferentes motivos). Por eso es bueno que puedas elegir entre todos los hospitales y centros educativos de la Comunidad de Madrid sin ningún punto de preferencia como la cercanía, sistema que se eliminó.

Sin libertad solo podrías comprar ropa en la tienda estatal, con libertad tienes infinidad de tiendas a las que acudir. Sin libertad todos tendríamos el dinero en el mismo banco, a expensas de las decisiones estatales, con libertad puedes escoger entre cientos de miles de bancos en todo el mundo. Sin libertad tendrías que tener tu línea telefónica en la compañía del Estado, con libertad puedes pagar 8 euros al mes por todos los servicios y elegir entre decenas de empresas. Con falta de libertad estaríamos condenados a conducir el mismo coche, gracias al liberalismo puedes comprar una marca de Indonesia o Japón.

Ahora más que nunca hay que reivindicar que el sistema que tanto se critica es el que nos ha ayudado a conseguir unas cotas de libertad y prosperidad nunca vistas, sin guerras. Podríamos empezar a debatir si ha sido la izquierda o la derecha, pero lo que no se puede debatir es que gracias a la existencia de libertad, hemos podido alternar ideologías que nos han llevado a donde estamos.

Regenerar el sistema, claro. Pero no para acercarse a Venezuela, si para darle más libertad al individuo, por que estamos en el mundo para pensar (es lo que nos diferencia) y no para que el Estado piense por nosotros.

Otro sistema universitario es posible.

La crisis económica que atravesamos puede llevarnos al catastrofismo absoluto o hacer que aprendamos de nuestros errores, los enmendemos y no los volvamos a cometer en el futuro. El de la universidad pública es un caso que hay que estudiar y ha de hacerse ya, pues no creo que vuelva a haber una mayoría absoluta como la actual ni un gobierno dispuesto a acometer una reforma tan necesaria como la universitaria (no me atrevo a decir que este quiera hacerlo).

La situación actual de la universidad es penosa, tenemos un sistema deficiente que no ha logrado posicionar a ningún centro entre los 200 mejores del mundo. No es casualidad, cuando todo es público nada es bueno. Tan solo en fracaso universitario nos gastamos 3.000 millones de euros al año. Si, lo has leído bien: la gente que empieza un curso y lo deja supone un coste de 3.000 millones.

Pues bien, esto tiene solución y no pasa por que la gente deje de estudiar ni por que solo los ricos vayan a la universidad. El proceso es simple: privatizar todas las universidades y financiar de manera directa al alumno y no al sistema de universidades. Este sistema se ha convertido en un entramado burocrático sin fin, administraciones de facultades que no solucionan problemas (¿hay alguien que esté contento con la suya?) y resultados académicos malos a nivel internacional. Para solucionar esto la competencia entre universidades es primordial. La introducción de Bolonia ha ayudado a que estas universidades se distingan en cuanto a calidad pero el cambio ha sido mínimo. Hace falta una reforma de calado. Lo que aquí se propone no es nada del otro mundo, pues cerca de nosotros funcionan así y todo el mundo estudia en la universidad.

Si el coste total de un curso (ejemplo Derecho) en la privada es de unos 7.000 euros, ¿cómo es posible que el coste real en la pública ascienda a unos 12.000? Bu-ro-cra-cia. Actualmente el alumno paga -a la universidad- el 15% y la Comunidad Autónoma financia -a la universidad- el 85% restante. Con el “cheque universitario” lo que se hace es una financiación al alumno, es decir, recibirá un cheque del importe del curso (que solo podrá gastar en el sistema universitario). A medida que vayan pasando los cursos los precios de las que eran públicas irán disminuyendo (es lo que tiene introducir competencia) hasta llegar a equipararse con el precio de las privadas como el CEU. Los alumnos tendrán la posibilidad de elegir la universidad que ofrezca mejor relación calidad – precio, pudiendo ahorrar el sobrante del cheque para invertirlo en un master o patrocinar iniciativas privadas de investigación, por ejemplo.

Las administraciones están para ayudar y no para estorbar, es por esto por lo que creo necesario que se favorezcan sistemas que permitan a las familias invertir dinero para pagar en un futuro los estudios de sus hijos. Hablo aquí de una especie de cuenta de ahorro universitario que, junto con otras medidas como deducciones fiscales por los gastos universitarios, ayuden a crear un modelo educativo eficiente y, sobre todo, de la mejor calidad.

De la crisis tenemos que aprender que no podemos salir de ella con el mismo sistema. Este cambio es necesario y debemos avanzar a un Estado del Bienestar que acabe con el Bienestar del estado.

Política y mentira

La principal obligación de un político es decir la verdad. Esta es la premisa que todos los cargos públicos deberían llevar “tatuada” en la mente, pero desgraciadamente en este país no ocurre. En los Estados Unidos o en Canadá es impensable que un responsable público mienta y se le permita seguir en el cargo, quizá por la poca permisibilidad que tiene la propia sociedad con la mentira en la política. Visto que los partidos políticos permiten que mentirosos sigan en sus cargos, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que exigir responsabilidades. No creo en las revoluciones, Cuba y Venezuela ya las han tenido y a la prueba está cual es su situación. Pero si creo en la iniciativa del individuo, afiliándose a los partidos para cambiarlos desde dentro.

No hay que irse muy lejos en el tiempo para tener un ejemplo claro: Monago no tiene que dimitir por haber pagado viajes con el dinero del Senado, pues no es ilegal (otra cosa es la moralidad individual sobre los gastos) y lo tenían permitido, Monago tiene que dimitir por haber mentido.

Francisco Granados y Jordi Puyol están sufriendo, de forma merecida, dos juicios. El primero el judicial, al que le pido celeridad. El segundo, el social. La condena que están sufriendo ambos viene por haber dicho de forma clara y contundente que no tenían cuentas en Suiza. Los ciudadanos, al vernos engañados, condenamos de forma más enérgica estas mentiras. Es por esto por lo que creo necesarias, pero no únicas, medidas como los exámenes a candidatos que se están llevando a cabo en el PP de Madrid. Está claro que con este examen no evitas la corrupción (Granados lo hubiese pasado perfectamente) pero es un primer paso para la transparencia necesaria, la que exigimos a los partidos políticos. Imaginemos que dentro de unos meses alguno de los candidatos tuviera una cuenta en Suiza o hubiera cobrado una comisión en b; de forma automática a todos nos vendría a la cabeza la imagen del examen negándolo y, por lo tanto, el reproche sería mayor. La opción a esto es seguir como hasta ahora, con un procedimiento de designación opaco, es decir, no hacer nada.

Exámenes a candidatos, controles internos, publicación de cuentas, sueldos, contratos, auditoría de lo anterior por empresas independientes, inclusión de la oposición en las mesas de contratación, cambios en la legislación para establecer las subastas públicas y eliminar los negociados SIN PUBLICIDAD, más medios apra la justicia, etc. Y la más importante: primarias en los partidos, que el afiliado elija y el representante responda ante la militancia y no ante el jefe.

Las medidas están sobre la mesa, falta un político valiente que las lleve a cabo. Termino como he empezado, la principal obligación de un político es decir la verdad.