17 de noviembre de 2014

Política y mentira

La principal obligación de un político es decir la verdad. Esta es la premisa que todos los cargos públicos deberían llevar “tatuada” en la mente, pero desgraciadamente en este país no ocurre. En los Estados Unidos o en Canadá es impensable que un responsable público mienta y se le permita seguir en el cargo, quizá por la poca permisibilidad que tiene la propia sociedad con la mentira en la política. Visto que los partidos políticos permiten que mentirosos sigan en sus cargos, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que exigir responsabilidades. No creo en las revoluciones, Cuba y Venezuela ya las han tenido y a la prueba está cual es su situación. Pero si creo en la iniciativa del individuo, afiliándose a los partidos para cambiarlos desde dentro.

No hay que irse muy lejos en el tiempo para tener un ejemplo claro: Monago no tiene que dimitir por haber pagado viajes con el dinero del Senado, pues no es ilegal (otra cosa es la moralidad individual sobre los gastos) y lo tenían permitido, Monago tiene que dimitir por haber mentido.

Francisco Granados y Jordi Puyol están sufriendo, de forma merecida, dos juicios. El primero el judicial, al que le pido celeridad. El segundo, el social. La condena que están sufriendo ambos viene por haber dicho de forma clara y contundente que no tenían cuentas en Suiza. Los ciudadanos, al vernos engañados, condenamos de forma más enérgica estas mentiras. Es por esto por lo que creo necesarias, pero no únicas, medidas como los exámenes a candidatos que se están llevando a cabo en el PP de Madrid. Está claro que con este examen no evitas la corrupción (Granados lo hubiese pasado perfectamente) pero es un primer paso para la transparencia necesaria, la que exigimos a los partidos políticos. Imaginemos que dentro de unos meses alguno de los candidatos tuviera una cuenta en Suiza o hubiera cobrado una comisión en b; de forma automática a todos nos vendría a la cabeza la imagen del examen negándolo y, por lo tanto, el reproche sería mayor. La opción a esto es seguir como hasta ahora, con un procedimiento de designación opaco, es decir, no hacer nada.

Exámenes a candidatos, controles internos, publicación de cuentas, sueldos, contratos, auditoría de lo anterior por empresas independientes, inclusión de la oposición en las mesas de contratación, cambios en la legislación para establecer las subastas públicas y eliminar los negociados SIN PUBLICIDAD, más medios apra la justicia, etc. Y la más importante: primarias en los partidos, que el afiliado elija y el representante responda ante la militancia y no ante el jefe.


Las medidas están sobre la mesa, falta un político valiente que las lleve a cabo. Termino como he empezado, la principal obligación de un político es decir la verdad.




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